En medio de la vorágine pandémica, es posible que hayan pasado desapercibidos los recientes cambios legislativos que pretenden concretar cómo va a ser la lucha contra el principal problema medioambiental de nuestro planeta: el calentamiento global.

Primero ha sido Europa: el 21 de abril, a las 5 de la madrugada, se alcanzó un acuerdo provisional entre las instituciones de la UE sobre la Ley europea del clima. El objetivo es alcanzar la neutralidad climática en 2050, es decir, que las emisiones que hagamos de gases de efecto invernadero (GEI) sean compensadas con el efecto captura que realizan nuestros bosques. Esta ley forma parte del Pacto Verde Europeo y ha costado mucho llegar a ella. Algunos países como Polonia, Hungría o Chequia sólo han dado su brazo a torcer tras el compromiso de importantes ayudas económicas a su descarbonización.

Además del objetivo del año 2050, Europa se ha fijado una “meta volante” para el 2030: reducir las emisiones netas de GEI en, al menos, un 55% con respecto a los niveles de 1990.

Después ha sido España: el 13 de mayo, el Congreso de los Diputados ha aprobado la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, impulsada por Teresa Ribera, vicepresidenta 4ª del gobierno. El principal objetivo de esta ley es también alcanzar la neutralidad climática en el 2050, y para asombro de muchos, concreta bastante.

Para el año 2030 plantea reducir las emisiones de GEI en, al menos, un 23% con respecto a las de 1990, y que la energía que se consuma sea por lo menos un 42% de origen renovable.

Con respecto a la movilidad, responsable en un 30% de las emisiones de GEI, plantea que en el 2050 los vehículos ya no emitan CO2. Para ello en el 2040 ya no se podrán vender coches de combustión. Además, todas las ciudades de más de 50.000 habitantes tendrán que preservar zonas centrales de bajas emisiones, y las gasolineras se convertirán progresivamente en electrolineras.

El sector eléctrico, responsable sólo del 14% de las emisiones -gracias al cierre reciente de la mayoría de las centrales térmicas de carbón-, tendrá que alcanzar en el 2050 un 100% de generación eléctrica renovable. Como curiosidad, se va reformar la Ley de Propiedad Horizontal para facilitar las instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo.

Y por último se van a canalizar ayudas con dinero europeo para mejorar la eficiencia energética y la rehabilitación de edificios.

Como siempre que un gobierno adopta medidas de calado, ha habido todo tipo de opiniones y reacciones. Por un lado están los negacionistas, y por otro los que no les gusta el cómo, o los que consideran que es insuficiente. 

Dentro del movimiento ecologista tampoco hay unanimidad. Algunos advierten que se está desaprovechando una gran oportunidad, y está irrumpiendo lo que denominan un “capitalismo verde”, es decir, un sistema que mantiene la liberalización total del sector eléctrico, sin apenas regulación. Territorios extensos y poco poblados como Aragón se están llenando de parques solares fotovoltaicos, aerogeneradores y líneas eléctricas para abastecer a las grandes ciudades, mientras los urbanitas apenas van a ver cambiado su estilo de vida.

Si nos damos una vuelta por Escatrón, Chiprana o Fuendetodos podemos hacernos una idea de cómo va a quedar el paisaje aragonés dentro de cinco años: decenas de miles de hectáreas llenas de placas solares y molinos. Incluso en algunas localidades, parte del regadío está siendo sustituido por paneles solares. Si queremos preservar un poco nuestro paisaje tendremos que optar por reducir algo nuestro consumo eléctrico, y aun así, puede que ya sea tarde para evitar un cambio tan impactante.

Y por último, no podemos dejar de comentar dos cuestiones de actualidad relacionadas con el sector eléctrico. La primera son los altos precios de la electricidad en las últimas semanas. Los analistas dicen que se debe sencillamente al incremento del impuesto al CO2 que está realizando la Unión Europea con el objetivo de ir reduciendo sus emisiones a la atmósfera.

La segunda es que el 1 de junio entrará en vigor la nueva tarifa eléctrica, en la que habrá horas punta, llanas y valle. Este sistema sólo será de aplicación a los 10,7 millones de usuarios que tienen contratada la tarifa PVPC (Precio voluntario para el pequeño consumidor). Quedan fuera de este cambio los 16 millones de usuarios que tienen contratado su suministro en el mercado liberalizado. El objetivo es forzar a los hogares y las empresas a ser más eficientes energéticamente y evitar el consumo en horas punta, en las que sólo puede atenderse la demanda haciendo funcionar las centrales de gas. 

Vemos, por lo tanto, que los gobiernos han entendido cuál es el camino para intentar arreglar el desaguisado climático que estamos provocando en nuestra débil atmósfera, esa delgadísima capa gaseosa -fruto de la respiración de los seres vivos-, que nos protege del helador espacio interestelar y permite la vida en este planeta. Recorrer ese camino hacia la descarbonización de nuestra sociedad es compromiso de todos, con pequeños gestos y, a veces, con grandes gestos. Pensemos en las siguientes generaciones y en el mundo que les vamos a dejar. A eso se le denomina solidaridad intergeneracional.

Javier  San Román  Saldaña

Blog publicado el 18 de mayo de 2021