El conflicto es antiguo, y dura. De un lado los periodistas, cerrando filas alrededor de una libertad de información casi intocable; de otro, el derecho de las personas a la protección de su intimidad; y en medio el ciudadano que decimos de a pie, sin carnet de prensa ni de importante, pero en virtud del cual  – mire usted – existe el derecho que enarbolan los informadores, y cuya curiosidad ni es enfermiza ni hay por qué malalimentarla echando mano siempre del interés público.

   El desacuerdo comienza con la definición misma de intimidad, y continúa con la complicada señalización de los límites y condiciones con que puede ser abordada. Tras años y años de repetidos intentos por precisar el concepto, me sigue pareciendo su mejor definición la acuñada por el juez norteamericano Cooley en 1873, cuando definió el derecho a la intimidad como “el derecho a ser dejado en paz”. Lo que sucede es que, en ocasiones, esa paz puede verse alterada, y la intimidad desvelada, si alguien decide que aquello es de interés público y social. Y ahí es donde da inicio el rifirrafe.

    Los contornos de la intimidad son muy poco precisos, y aunque la definición de Cooley tenga su atractivo, lo cierto es que a día de hoy no se ha hecho gran cosa por esclarecerlos. ¿Quién es la persona adecuada para fijar la barrera de lo infranqueable en la vida privada?. Ciertamente, no son los periodistas. Los límites a la propia intimidad los coloca el sujeto mismo.  Hay quien protege su intimidad y hay quien la vende. Y, por lo general, las personas respetables suelen ser respetadas. En la vida pública española, como en la de cualquier otro país, hay personalidades y personajillos. Las actuaciones de los primeros afectan a veces a la comunidad. Las de los segundos, nunca.

    No puede quejarse de intromisiones en su vida privada el que ha decidido hacer de ella un bulevar de libre paso, o quien negocia la exclusiva, pongamos por ejemplo, de sus movimientos de alcoba. Si el ámbito de la intimidad viene marcado, en sus lindes más fuertes y por paradójico que parezca, por el comportamiento público de las personas (“se habla de quien da que hablar”), el poder del colectivo social para sobrepasarlo en virtud del bien común ha de ser diáfanamente justificado. Lo cual no es tan frecuente ni probado. Y, en el caso de que lo fuera, los medios de comunicación deberían hacer gala de extremada mesura y sentido de la proporción a la hora de divulgar esa información.

  Cualquier noticia surgida de la vida privada, por extraordinaria repercusión que se le atribuya en la andadura social, política o económica de la colectividad, no es, por sí misma y en toda circunstancia, merecedora de titulares a toda página ni de baterías de portadas a gritos. Si el morbo y el sensacionalismo imperan en la forma de presentarla, por muy veraz que sea la médula de la información,  el deseado equilibrio  se rompe en perjuicio de la dignidad, tanto del sujeto citado en la noticia, como del lector, al que se le niega la capacidad para sacar sus propias conclusiones, sin necesidad de tamañas tracas.- L. Úrbez