Confieso que nunca me gustó la palabra hipoteca. La mayoría de las personas nos hemos visto obligados –sí, obligados- a contratar con bancos o cajas algunas de estas dichosas hipotecas si queríamos disponer de una vivienda. Y lo hemos hecho pagando unos intereses que no hemos podido negociar –sí, no lo hemos podido hacer- y además hemos tenido que pagar por unos gastos a los que no encontrábamos significado, pero que también nos han obligado a pagar.

Y todo esto lo hemos hecho porque siempre había sido así. Hemos aceptado con fatalismo divino unas normas que solo han beneficiado a unos pocos. Los demás sólo comprábamos una vivienda para poder vivir en paz, si nos dejaban. Años más tarde, gracias a unos “protestones”, “peligrosos inconformistas”, nos hemos enterado que no todo era tan limpio y puro como inocentemente creíamos. No hay nada mejor que despertarnos, o que nos despierten, de nuestro adormecido conformismo.

Este asunto de las hipotecas ya trae cola, porque la justicia ha tenido que rectificar en alguna ocasión, como el caso de las clausulas suelo, donde los tribunales europeos fallaron a favor de los clientes y no de los bancos. Algunos juristas españoles alegan la falta de claridad de las leyes para dictar algunas sentencias. Pero claro, algunas veces, ante la duda, fallan a favor de la poderosa banca ¡Qué casualidad!

Bienvenida sea la claridad legislativa, parece ser que el Real Decreto (R.D.) que promete el Gobierno aclarará la situación. Bienvenido el R.D, aunque un poco tarde, por cierto. Esto se podría haber clarificado hace ya algún tiempo y no se habría dado lugar a tanta incertidumbre, desasosiego e indignación. Todos callados, silencio, pagaban los pobres compradores de una vivienda. Silencio por parte de bancos, notarios, registradores, legisladores, comunidades autónomas y demás ministros del concierto. Todos se beneficiaban del negocio. Hemos pagado por algo que no nos correspondía y no piensan devolvernos el dinero.

Ahora ya se comienza a hablar, por parte de algunos sectores, de lo injusto de este impuesto de actos jurídicos documentados. Ahora, ahora se dan cuenta, ahora que lo tiene que pagar la banca. No se dieron cuenta mientras lo pagábamos los de siempre ¿podemos confiar en ellos?

Como reza el título de esta indignada reflexión (conviene indignarse de vez en cuando) lo pagaremos todo. Se admiten apuesta sobre el tiempo que va a durar este impuesto. Ya ha comenzado la poderosa campaña, de los que tienen el poder, para acabar con el impuesto mencionado. Y como he dicho lo pagaremos todos, tanto si lo quitan como si no. Si lo quitan, los impuestos que ahora se recaudan por ese concepto se recaudarán por otro, o sea, lo terminaremos pagando los de siempre. Y si no lo suprimen, y lo tiene que pagar la banca, nos subirán lo que quieran en los servicios que nos prestan, es decir, lo pagaremos los de siempre.

Los bancos y cajas son un negocio y como tal están para obtener beneficio. Eso está bien, pero que lo hagan sin abusos. La banca presta un servicio importante para la sociedad  y, por tanto, su comportamiento debe ajustarse a ese servicio prioritariamente, o habría que repensar si no sería conveniente una banca nacional al servicio de todos. La banca es un servicio no un poder en manos privadas.

En una democracia es fundamental que la ciudadanía confíe respete las instituciones del Estado. Por desgracia, se está instalando el desencanto y el descontento con algunas instituciones del Estado. Descontento y desencanto, campo abonado para la aparición de salvadores populistas. En el caso de la actuación del Tribunal Supremo hay muchas dudas sobre su decisión y comportamiento. No obstante, las sentencias en democracia se acatan. Sin embargo, la confianza y el respeto son otra cosa, y hay que ganárselos.

Se abre otro gran debate, del que esperamos no se deje dormir y siga siendo de perenne actualidad hasta resolver a favor de los más débiles, con una legislación para favorecer la adquisición o alquiler de una vivienda sin tener que hipotecar toda una vida para pagar a la banca, sin tener que pagar partidas que no corresponden.

Los afectados y los ciudadanos en general tenemos el derecho a protestar por tanta incompetencia e indignidad, por tanto abuso consentido. Un basta ya pacífico, pero indignado. Una protesta a la que se tiene derecho, aunque solo sirva para descargarse la rabia contenida. Yo lo hago desde estas líneas y comparto la idea de todos aquellos que pacíficamente y ordenadamente quieran hacerlo en la calle. Aunque si de mí dependiera, lo haría con una voz única, sin otra bandera que la de la justicia, sin partidismos ni sectarismos.

Manifestarse para que el Estado, reaccione. Los poderes del Estado, tienen que pasar a llamarse servicios. Servicio ejecutivo, legislativo y judicial. Al servicio del único poder: el poder de las personas, de sus necesidades, de su dignidad y de su libertad.

Si no lo hacemos, pagaremos los de siempre…

Javier Jiménez Olmos